La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad, desmanteló una de las principales redes de contrabando de hidrocarburos en México, conocida como “Los Petrofactureros”, liderada por Mauricio Gamboa Reyes, alias “El Burras”.
La organización criminal se dedicaba a la sustracción ilegal de Gas LP y otros hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex, utilizando un complejo esquema de empresas fachada, facturación apócrifa y triangulación financiera para simular operaciones legales. Operaba con un modelo logístico multimodal (marítimo, ferroviario y terrestre) en el centro del país.
Como resultado de las investigaciones y acciones operativas simultáneas, se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles en el Estado de México e Hidalgo, donde fueron detenidas siete personas, entre ellas:
- Mauricio Gamboa Reyes, “El Burras” – Líder de la organización y coordinador logístico, con vínculos a grupos delincuenciales en Jalisco.
- Mauricio Gamboa Malpica, “Pepón” – Operador logístico y financiero.
- Jorge Barrera Montiel – Propietario de Gas Franco, Gasera Buenavista y Sugas.
- Joaquín Arturo Gutiérrez Hernández, “Coquis”, Julio César Maya Merino, Julio César Laguna Gamboa, “Pingüino” y Lorenzo Javier Mejía Leyva – Operadores clave en logística, extracción y lavado de dinero.
En los operativos se aseguraron:
- Más de 150 mil litros de Gas LP
- 61 pipas, 55 autotanques y 20 tanques de almacenamiento
- 11 tractocamiones y 47 vehículos de alta gama
- Armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico
- Clausura de una toma clandestina
Se estima que esta célula tenía capacidad para extraer hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana. Es la primera ocasión en que se detiene a dos empresarios del sector gasero y se clausuran 12 gaseras y bodegas vinculadas directamente al grupo criminal.
Adicionalmente, la FGR obtuvo sentencias condenatorias de hasta 8 años de prisión contra integrantes de esta y otras redes por posesión ilícita de hidrocarburos, con decomisos superiores a los 100 mil litros y equipo valuado en millones de pesos.
Con estas acciones, el Gobierno de México golpea de manera significativa la infraestructura logística, financiera y operativa de una de las redes más importantes de contrabando de combustible en el país, protegiendo la economía nacional y la seguridad energética.
